Actualidad

El CERMI pide al PSOE que apoye la reforma de la ley electoral para ninguna persona con discapacidad sea privada del derecho al voto

12/06/2013

El CERMI ha pedido al Grupo Parlamentario Socialista (GPS) del Congreso de los Diputados que su formación política apoye la demanda del sector de la discapacidad de modificar la Ley Orgánica Electoral General para suprimir cualquier restricción del derecho de voto por motivos de discapacidad.

Así lo ha planteado el CERMI en una reunión mantenida con representantes socialistas, con Ramón Jáuregui, portavoz de la Comisión Constitucional del GPS, a la cabeza, y que se enmarca en la estrategia del CERMI de persuadir a todas las fuerzas políticas con presencia parlamentaria para que asuman esta reivindicación del movimiento social de la discapacidad.
 
En esta entrevista, también han estado presentes las diputadas socialistas Susana Sumelzo, portavoz adjunta en la Comisión Constitucional, y Gracia Fernández, portavoz adjunta de la Comisión de Discapacidad.
 
Meses pasados, el CERMI se dirigió a los portavoces parlamentarios de la Comisión Constitucional del Congreso con una propuesta de reforma de la legislación electoral española vigente, que permite la posibilidad de que los jueces, en los procesos de incapacitación, priven del derecho de voto a determinadas personas con discapacidad.
 
Esta regulación es manifiesta y abiertamente contraria a los derechos humanos de las personas con discapacidad y entra en contradicción clara con la Convención de Naciones Unidas en la materia, ratificada por España, por lo que resulta urgente la modificación de la Ley Electoral para desterrar esta discriminación por razón de discapacidad.
 
Según datos de la Fiscalía General del Estado, en España hay unas 80.000 personas incapacitadas judicialmente a las que se les ha privado del derecho de sufragio.
 
El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en su informe sobre España de septiembre de 2011 instó a nuestro país a cambiar su legislación electoral por vulnerar el derecho a la participación política en plenitud de las personas con discapacidad.